El 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, aprobado por la ONU, un día que recuerda las poderosas palabras de Gandhi: «La verdadera medida de cualquier sociedad se puede encontrar en la forma en que trata a sus ciudadanos más vulnerables».

Las estadísticas son alarmantes. Según UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, 160 millones de niños en todo el mundo estuvieron involucrados en el trabajo infantil en 2020. Si bien en los últimos años se han vuelto a registrar avances para poner fin a estas prácticas, 138 millones de niños están involucrados en el trabajo infantil a partir de 2024. Estos no son solo números: representan a niños que son demasiado pequeños para trabajar o que participan en actividades peligrosas que comprometen su desarrollo físico, mental y educativo.

La realidad más cerca de casa

El trabajo infantil no se limita a países lejanos. Ocurre en nuestro propio patio trasero, a menudo oculto hasta que ocurre una tragedia. Las recientes muertes evitables en el lugar de trabajo en los EE. UU. muestran un panorama sombrío:

• Un joven de 16 años murió mientras maquinaria de desatascamiento en un aserradero
• Un joven de 16 años murió tras ser atrapado en el equipo en una planta avícola de Mississippi, trabajando con la identidad de un joven de 32 años
• Dos trabajadores, de 14 y 19 años, se asfixiaron en un contenedor de cereales tras ser enviados sin el equipo de seguridad adecuado

Estas tragedias comparten puntos en común: la falta de transparencia en las prácticas de contratación entre empleadores y contratistas, la supervisión insuficiente de la dotación de personal de terceros y el incumplimiento de las normas de seguridad básicas.

Creación de un marco de protección

A medida que los lugares de trabajo se interconectan cada vez más a través de las cadenas de suministro, los contratistas y las agencias de personal, un liderazgo claro y marcos uniformes son esenciales para prevenir el trabajo y el abuso infantil.

Tres pasos críticos que toda organización debe tomar:

1. Establezca procesos claros: Cumpla con la evolución de las normas de derechos humanos mediante el monitoreo y la documentación sistemáticos. Esto significa crear procedimientos estandarizados que todos los contratistas y subcontratistas deben cumplir, con consecuencias claras en caso de incumplimiento.
2. Aproveche la tecnología para la visibilidad: Utilice las herramientas adecuadas para asegurarse de saber exactamente quién trabaja en sus sistemas y verificar sus credenciales. Las plataformas digitales pueden rastrear las credenciales de los trabajadores en tiempo real, detectar las discrepancias de edad y garantizar que la documentación fluya correctamente en todos los niveles de la cadena de suministro. Esta tecnología fomenta la rendición de cuentas al hacer imposible que los malos actores oculten sus actividades en el marco de complejas relaciones con los contratistas.
3. Socio para la transparencia: Sin la asociación y las herramientas adecuadas, no tendrá visibilidad de las prácticas de su cadena de suministro. Las cadenas de suministro modernas son redes complejas en las que participan varios niveles de contratistas, subcontratistas y agencias de personal. Un solo proyecto puede involucrar a docenas de empresas, cada una con sus propias prácticas de contratación y estándares de supervisión. Esta complejidad crea puntos ciegos donde pueden ocultarse las prácticas dañinas. Es posible que tenga estándares excelentes en su nivel de contratista principal, pero ¿qué pasa con sus subcontratistas?

La clave es contar con un socio que comprenda tanto la tecnología como el panorama regulatorio, alguien que pueda ayudarlo a crear sistemas conectados que no solo marquen casillas, sino que eviten que la explotación entre en el ecosistema de su lugar de trabajo. No se trata de añadir más papeleo, sino de crear sistemas inteligentes que permitan la supervisión, la acción y la mejora en función del riesgo. En el entorno empresarial interconectado actual, la transparencia no es opcional, sino un imperativo empresarial que protege tanto a los trabajadores vulnerables como a la reputación de la organización.

Los más vulnerables merecen algo mejor. La cuestión no es si podemos permitirnos actuar, sino si podemos permitirnos no hacerlo.